Nueva ley del cine en Perú: el Estado cubrirá hasta el 70% del costo de las películas

El Gobierno oficializó el reglamento de la Ley 32309, norma que redefine el sistema de incentivos económicos y fiscales para el sector cinematográfico y audiovisual en el Perú. Con esta disposición, el Estado podrá financiar hasta el 70% del costo total de cada proyecto, estableciendo un límite explícito que obliga a los productores a buscar inversión privada para cubrir el 30% restante.

El reglamento fue publicado mediante el Decreto Supremo N.º 001-2026-MC y marca un cambio respecto al esquema anterior regulado por el Decreto de Urgencia N.º 022-2019.

¿Qué establece la Ley 32309 sobre el financiamiento estatal?

El cambio más relevante es la fijación de un tope máximo del 70% de financiamiento público por proyecto cinematográfico o audiovisual. Esto significa que los productores deberán asegurar el porcentaje restante mediante coproducciones, inversión privada, preventas u otras fuentes de financiamiento.

Según el reglamento, el costo total del proyecto será determinado a partir del presupuesto detallado presentado por el postulante y validado conforme a las bases de cada convocatoria.

Esta medida introduce mayor previsibilidad en el sistema, pero también exige disciplina financiera y diversificación de fuentes de ingreso.

El reglamento contempla una excepción importante: las denominadas “óperas primas regionales” sí podrán recibir financiamiento estatal hasta por el 100% del costo total.

La medida busca impulsar la descentralización de la producción audiovisual, fomentando proyectos fuera de Lima y Callao y promoviendo el desarrollo de nuevas voces en regiones.

La norma establece que no podrán ser beneficiarias del financiamiento estatal aquellas obras destinadas a publicidad, propaganda electoral o que beneficien directamente a organizaciones políticas.

Tampoco serán elegibles proyectos que vulneren el Estado de derecho, la defensa nacional o el orden interno, ni aquellos que contravengan los principios establecidos en la Constitución Política del Perú.

Además del esquema de estímulos económicos, la Ley 32309 incorpora incentivos fiscales dirigidos a atraer capital privado.

Las personas naturales o jurídicas que realicen donaciones económicas a proyectos cinematográficos podrán deducir hasta el 20% del monto entregado en la determinación del Impuesto a la Renta. En el caso de empresas, la deducción podrá aplicarse hasta el 20% de la renta neta de tercera categoría. Para personas naturales, el porcentaje se calcula sobre la renta neta del trabajo y de fuente extranjera.

Para acceder a los estímulos económicos, los proyectos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual (RENCA). El Ministerio de Cultura continuará administrando los fondos y supervisando la ejecución de los recursos.